CONTENER EL GASTO FARMACÉUTICO

El Gobierno firmó el pasado 27 de diciembre un Convenio con la industria farmacéutica agrupada en Farmaindustria (167 compañías) que por su falta de transparencia parece una nueva “patente de corso. Estará  vigente durante tres años  y obedece al objetivo de “garantizar la sostenibilidad” del Sistema Nacional de Salud. ¿Quién pondría pegas a eso? Sin embargo, la verdad es que blindará y perpetuará el gasto farmacéutico, que pagan las Autonomías. La cifra de gasto farmacéutico anual fue de 17.172 millones de euros, en 2015 y el 75%  es financiado con fondos públicos.

El convenio establece dos tipos de compensaciones al Estado por parte de la industria farmacéutica. Si el gasto farmacéutico público en medicamentos originales (no genéricos) supera la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española (la conocida como regla de gasto), compensación. Si el gasto supera la tasa de crecimiento del PIB real, el sector farmacéutico deberá compensar al SNS devolviendo la diferencia. A pesar de su cuestionable transparencia hay preguntas obvias que el texto oficial omite aclarar: que destino van a tener esas compensaciones si el gasto crece más que el PIB y menos aún cómo se compensaría a Farmaindustria si fuera inferior. Nada se dice de contener márgenes por parte de la industria. A veces superiores al 90% de su precio de facturación en el caso de los hospitales. ¿Qué pasará cuando los hospitales paguen más por medicamentos que por personal?

¿Se trata de otro “trágala” como el del Plan Profarma? Su objetivo era incrementar la I+D+i de la industria ofreciendo retornos por inversión en I+D compensatorios de los ingresos comprometidos por las farmacéuticas y… “no cumpliéndose el objetivo marcado”… como dijo el análisis del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Eso sí, España, por la actuación  de la Secretaria General de Industria, rectora simultáneamente del plan Profarma y de la Comisión Nacional de Competencia se arriesga hoy en día a ser denunciada por presuntas “ayudas de Estado” ante la UE porque los gastos por I+D+i que se les retornan a las farmacéuticas  ya se tuvieron en cuenta al fijar el reembolso por parte del SNS.

La acreditación y cuantificación de los costes de producción de un fármaco siempre han sido la trinchera de “lo que la verdad oculta”. Al menos, la firma del nuevo Convenio para la sostenibilidad sirvió para conocer que el Sistema Nacional de Salud cuesta 70.000 millones de euros (“muy barato”, según el ministro Montoro); aunque cuesta más conocer el gasto farmacéutico que será de al menos 17.758.417,87 euros (2,5% de aumento sobre el año pasado). Montoro señalo que los que se quedan al margen “Deberian explicar por qué no están dentro de este convenio”.

El freno para que reducir el gasto en medicinas seguirá siendo exclusivamente el agotamiento de patentes, sin alargamientos artificiales. Si reducir el gasto es ahora la clave del Convenio, no se comprende que la Unión Europea no regañe a España por su falta de apuesta por los medicamentos genéricos, lo que implicaría decir que los precios son demasiado altos. El precio publicado por el Estado es el resultado de un proceso de negociación ininteligible y poco transparente con las empresas farmacéuticas (precios dobles, precios notificados, techos de gasto, innovaciones galénicas…) que producen en muchos casos unos precios abusivos. Un ejemplo, la decena de medicamentos especiales como los destinados a combatir la Hepatitis C, en los que gastamos unos 1.200 millones de Euros anuales

Siendo que nuestro sistema fija que el Gobierno negocie el precio centralizadamente y paguen las Autonomías es sorprendente que éstas sean amenazadas con quedarse sin ayudas financieras del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) si no se adhieren  al convenio de compra de medicamentos en exclusiva. Lo han denunciado tanto Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, que acusó al Gobierno de querer entregar “el negocio”a Farmaindustria- Igual el Gobierno de Cantabria o Facua que mantienen que el Gobierno “se pone al servicio de la gran industria imponiendo a las CCAA que asuman un oscuro convenio que desincentiva el desarrollo de medidas para abaratar el gasto público en medicamentos”,

Otro sí, el Convenio es indirectamente un bloqueo para los medicamentos genéricos de indudable utilidad terapéutica, ya que si una administración sanitaria autonómica optase por tratamientos no patentados esa inversión económica no contaría para cumplir con lo acordado por Montoro y Montserrat. Los genéricos han bajado en 2017 (según IMS) un 2,7% en volumen y un 0,3% en valor de ventas. Resumiendo: el Convenio mantendrá el gasto de los medicamentos bajo patente constante. Hay que reseñar que el gasto en medicamentos de uso hospitalario ha crecido un 23% gracias a los nuevos fármacos en el mercado.

Farmaindustria alardea de destinar a I+D 1.085 millones de euros/año, pero resulta sorprendente que no se traduzcan en un mayor número de innovaciones. La verdadera innovación de Farmaindustria  es su facilidad para diseñar sistemas de reembolso de medicamentos innovadores y que  se traducen casi siempre  en incrementos de precio de compra del SNS y cuando los mecanismos correctores de las desviaciones de gasto actúan –siempre a instancia de terceros- el dispendio ya se ha producido.

Por cierto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de respaldar la decisión  de la autoridad italiana de competencia  multando a dos multinacionales farmacéuticas por celebrar acuerdos restrictivos de la competencia infringiendo el artículo 101.1 del TFUE. Deben pagar, 182 millones de euros por causar sobrecostes públicos.

Xavier Horcajo, Doctor en Economía Aplicada y Periodista.

Fuente: La Gaceta