El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo asociado al Gobierno en materia socioeconómica y laboral, ha publicado el informe La industria en España: Propuestas para su desarrollo. En este, la entidad insta al Ejecutivo a crear un Pacto de Estado para la Industria con el fin de fortalecerla y poder así aunar crecimiento, empleo, sostenibilidad medioambiental, cohesión social y vertebración territorial. Entre las medidas que propone el organismo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una de las ideas principales es la de incrementar la inversión tanto pública como privada en I+D, de tal manera que los niveles se igualen a la media europea.
Para la industria farmacéutica la apuesta por la I+D es esencial para poder descubrir y desarrollar nuevas terapias; según la última encuesta Encuesta de Actividades de I+D de Farmaindustria, en 2017 el gasto de la industria farmacéutica en I+D logró un máximo histórico con 1.147 millones de euros. De esta cuantía, casi la mitad (47,2 por ciento) se destinó a proyectos de investigación desarrollados en colaboración con hospitales y centros públicos y privados de investigación.
Otra de las recomendaciones del CES pasa por “alinear las políticas de formación orientadas al sector con otras palancas de la política industrial y fundamentalmente con las de transformación digital, I+D+i y transición ecológica”. Para ello, proponen que el sistema educativo y la formación para el empleo incorporen “el desarrollo de capacidades inherentes a las actividades innovadoras, en especial entre las mujeres, dada su infrarrepresentación en el sistema de I+D+i, en el empleo TIC y en el empleo industrial de mayor valor añadido”.
La entidad también emite sus sugerencias respecto a las empresas tractoras, y recomienda “articular un sistema de incentivos para la implantación en España de centros de excelencia de referencia internacional, así como para la atracción de centros de investigación de empresas, especialmente en aquellos ámbitos o líneas de investigación de gran relevancia”. En este sentido, se refleja que estas políticas impulsarían que se promueva que las empresas tractoras —normalmente asociadas a multinacionales—, ubiquen o refuercen sus centros tecnológicos en las filiales españolas. De la misma manera que ocurre con el empleo, desde Farmaindustria indican que la producción del sector tiene efectos tractores sobre la tecnología y producción de otros sectores. De hecho, según el informe El valor del medicamento desde una perspectiva social elaborado por el centro de investigación en Economía de la Salud Weber (que cuenta con el apoyo de Farmaindustria) por cada 1.000 euros de producción en medicamentos generan entre 1.300 y 2.300 euros adicionales en otros sectores tales como la industria química, el transporte y comunicaciones, el comercio y hostelería o el papel e impresión.
“Favorecer la captación de proyectos de inversión industrial, con preferencia en los sectores de alto contenido tecnológico y priorizando aquellos que permitan el desarrollo de las actividades internacionales de I+D+i en nuestro país, así como impulsar medidas específicas para promocionar España como plataforma global de negocios en inversiones industriales” es otra de las medidas que recoge el CES. Junto a esta, se considera oportuno aumentar la base exportadora de la industria manufacturera española. Desde la patronal también destacan que la inversión en investigación de medicamentos genera y mantiene activo el llamado circulo virtuoso de la I+D. Estas investigaciones suponen inversión para los hospitales, formación y prestigio para los médicos y otros profesionales sanitarios, que están a la vanguardia de la investigación, y, sobre todo, valor añadido para la sociedad, que se beneficia de un acceso temprano a los medicamentos y de la mayor calidad de la prestación sanitaria.
En España se estima que hay alrededor de 350 empresas fabricantes de productos farmacéuticos, con una producción que asciende a los 15.000 millones de euros, lo cual representa el 24 por ciento del conjunto de la alta tecnología del país.
Fuente: El Global