La campaña No es Sano ha publicado las principales conclusiones del informe ‘Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad’, en las que asegura que “la industria farmacéutica se beneficia de medicamentos contra el cáncer desarrollados con una gran inversión pública”, a lo que la patronal Farmaindustria responde solicitando no abordar estas cuestiones “desde posicionamientos meramente ideológicos y simplistas”.
“Los tratamientos para el cáncer son uno de los grupos de medicamentos con precios más altos y que más ingresos generan para la industria farmacéutica”, comienza explicando esta iniciativa, a lo que añade que, sin embargo, “hay una importante inversión pública en las fases de investigación y en los ensayos clínicos de muchos de los fármacos”.
“El imparable crecimiento de los precios de los medicamentos oncológicos, que se han duplicado en solo 10 años, está teniendo un impacto directo en los sistemas de salud de todo el mundo, incrementando el gasto farmacéutico y limitando su acceso en muchos países. En España, algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores alcanzan los 30.000, 40.000 y hasta 100.000 euros por paciente al año”, prosiguen desde No Es Sano.
Se trata, por tanto, de “unos precios inasumibles para el sistema sanitario, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de casos diagnosticados, que pasará de 247.000 en 2015 a 315.000 en 2035, casi un 30 por ciento más, según las previsiones”, sostiene el informe, que agrega que esta situación se debe “a un sistema de propiedad intelectual que deja en manos de las compañías farmacéuticas la fijación de los precios de los fármacos y a un marco regulatorio poco transparente que beneficia a la industria en detrimento del interés público”.
“Esta falta de transparencia da lugar a que la industria fije los precios de los fármacos arbitrariamente, en función de la capacidad del mercado de cada país”, critica la campaña, que añade a esta opacidad “el hecho de que las negociaciones con las Administraciones públicas están sujetas a acuerdos de confidencialidad que impiden hacer público cuánto se paga por los medicamentos”.
El documento destaca que en España no es posible acceder a los acuerdos de precios fijados entre el Gobierno y la industria para estos fármacos de uso hospitalario y, dado que el peso presupuestario recae sobre las comunidades autónomas, “este secretismo llega a provocar que los ya altos precios sean, además, diferentes entre regiones e, incluso, entre hospitales, poniendo en peligro los recursos finitos del sistema sanitario y obligando a recortar de otras partidas muy necesarias, como la contratación de personal médico, el cuidado y la atención a los pacientes o los equipos para diagnosticar enfermedades”.
El informe ‘Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad‘ analiza, además, cuatro casos concretos de algunos de los fármacos clave para el tratamiento del cáncer que generan enormes ingresos a las compañías que los comercializan. Tras ello, solicita bajada en los precios de los medicamentos y que estos se fijen a partir de los costes reales de investigación y producción, no con criterios arbitrarios.
Además, desde esta organización piden conocer el precio real de los medicamentos que se están pagando a través del sistema sanitario y transparencia en las negociaciones con la industria farmacéutica; más financiación pública para la investigación en cáncer, con datos abiertos y accesibles que estén al servicio de otras investigaciones; más control de los precios de los medicamentos en los que se han invertido fondos públicos y cambios en el modelo de gestión de la propiedad intelectual para que las patentes no sean el único incentivo.
Asimismo, No Es Sano solicita que haya regulaciones que controlen y sancionen los abusos de competencia, como volver a patentar fármacos antiguos, evergreening y el bloqueo a la entrada en el mercado de medicamentos genéricos y biosimilares.
Por su parte y en respuesta, Farmaindustria asegura que “abordar la cuestión del precio de un determinado fármaco desde posicionamientos meramente ideológicos y simplistas, sin tener en cuenta todos estos factores, es tratar de generar un debate que no se ajusta a la realidad del sector ni a los estándares internacionales de I+D de la industria farmacéutica innovadora ni, más importante aún, a la realidad de la aportación de los medicamentos innovadores”.
Por otro lado, afirman que desde la industria se trabaja con la Administración en la busca de medidas que ayuden a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. “Así, está vigente un Convenio con la Administración General del Estado por el que se garantiza que el gasto público en medicamentos originales no genéricos no crecerá por encima de lo que lo haga el PIB (si ocurriera, la industria devolvería al Estado la diferencia)”, especifican.
“Más allá del gasto inmediato que pueda suponer financiar un medicamento, en el medio y largo plazo supone una inversión que genera un retorno mucho mayor, tanto para el paciente como para la sociedad”, recuerda Farmaindustria, que además explica que “España tiene un modelo regulado, garantista y colegiado para la fijación de precios de fármacos en el que participan tres ministerios y seis comunidades autónomas” y que “la colaboración público-privada es esencial para el éxito de la I+D biomédica”.
Fuente: Acta Sanitaria