LOS GRANDES LABORATORIOS DE EEUU CRITICAN LA "INEQUIDAD TERRITORIAL" DE LA SANIDAD ESPAÑOLA

Los grandes laboratorios y compañías de tecnología sanitaria de Estados Unidos han decidido realizar un documento en el que recogen, a su parecer, todos los problemas que la sanidad española presenta para los ciudadanos y para los intereses del sector privado. Estas empresas presentaron ayer un documento en el que fiscalizan las carencias del Sistema Nacional de Salud señalando específicamente las desigualdades entre españoles en el acceso a los medicamentos dependiendo de su lugar de residencia.

“Al ser la sanidad una competencia transferida a las comunidades autónomas, los productos de la industria se someten a continuas validaciones que impiden muy a menudo un trato sanitario igualitario de los ciudadanos españoles", se señala en el documento llamado El valor de la innovación sanitaria en España y sus retos.

El documento ha sido elaborado por el grupo de trabajo de la industria farmacéutica y tecnología sanitaria de la AmChamSpain, la cámara de comercio de Estados Unidos en España. Entre las empresas adscritas a este organismo están algunos de los mayores laboratorios del mundo como Pfizer, Johnson & Johnson, Lilly, Abbvie, Celgene, Gilead, MSD, Abbott, Amgen o Baxter. También incluyen a gigantes de la tecnología como General Electric y Medtronic y algunas compañías españolas con fuertes intereses en EE UU como las cotizadas Grifols (indexada en el Ibex 35) y PharmaMar.

"En España hay tres barreras para el acceso de los medicamentos innovadores. El primero, común en todo el país, es la fijación por parte de Sanidad del precio del fármaco. Pero después hay dos barreras adicionales. La regional y en cada hospital. La capacidad de acceso a la innovación depende del código postal del paciente", señaló en la presentación del informe Jordi Martí, director general de Celgene en España. "Uno de los errores es que medimos la innovación como gasto y así es muy difícil introducir los avances", lamentó.

El informe de las empresas estadounidenses, que no cuenta con un plazo definido para presentarlo a las Administraciones ni un objetivo temporal en las propuestas realizadas por las compañías, hace especial hincapié en el acceso a los nuevos tratamientos. Estas innovaciones terapéuticas son comúnmente mucho más costosas para el sistema sanitario, por lo que frecuentemente encuentran barreras y los periodos de aprobación del precio público y del uso en hospitales se dilatan en el tiempo. Para las compañías es especialmente importante un rápido acceso al mercado de sus productos más novedosos, ya que es su forma de conseguir importantes retornos tras la alta inversión dedicada a la I+D.

Los grandes laboratorios se enfrentan, no solo en España, a la fijación de los cada vez más elevados precios de los medicamentos, en gran parte porque las sofisticadas terapias son habitualmente más caras de investigar y producir, por ejemplo en el caso de los medicamentos biológicos contra el cáncer y enfermedades autoinmunes.

Aún así, la industria ha sido objeto de críticas por parte de los poderes públicos por los elevados precios impuestos a sus medicamentos. Demócratas y republicanos en EEUU (incluso el propio presidente Donald Trump) han criticado a los laboratorios por multiplicar los importes de los fármacos en ese país, donde no existe una regulación pública.

En España, el caso más paradigmático fue el del laboratorio Gilead –miembro de AmChamSpain–, que solicitó un importe de 75.000 euros por la novedosa terapia Sovaldi contra la hepatitis C –con una altísima tasa de curación–. Finalmente el coste, según los facultativos, se situó en una media de 13.000 euros por tratamiento. Incluso se criticó el proceso negociador entre la compañía y Sanidad por mantener oculto el acuerdo de precio por los intereses comerciales del laboratorio. Pero solo es un ejemplo de las negociaciones que se avecinarán cuando vayan llegando más de estas caras terapias. “Ojalá tengamos dos o tres de estos medicamentos cada año por el bien de los pacientes. La industria está de acuerdo en cuanto a la necesidad de transparencia”, aseguró, por su parte, Francisco de Paula Rodríguez, director de estrategia de Medtronic, en la presentación del documento ante la prensa.

Por eso, las compañías estadounidenses, dentro de sus más de 20 propuestas para el Sistema Nacional de Salud, solicitan "la armonización o la simplificación de las evaluaciones de los fármacos en el marco geográfico de España, con el objetivo de que el lanzamiento al mercado de un nuevo medicamento se pueda realizar de manera simultánea en todo el territorio español", apuntan en el documento. "En definitiva, la eliminación de las barreras que suponen las evaluaciones de los fármacos a nivel regional y local, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a todos ellos en igualdad de condiciones", se añade.

De hecho, explican que las continuas validaciones regionales funcionan, de facto, como un retraso en la venta de los nuevos tratamientos. "El acceso real a las innovaciones por parte de los pacientes cada vez es más lento", apuntó Rodríguez.

La cámara de comercio estadounidense, que este año cumple su centenario en nuestro país, está compuesta por 340 empresas asociadas, que cuentan con una facturación agregada de 248.000 millones de euros en España, según sus propios datos.

Estos gigantes estadounidenses de la salud van más allá y piden una recentralización de algunos aspectos de la sanidad, como es el caso de "establecer una cartera de servicios común actualizada en todo el territorio nacional que garantice la equidad en el acceso a la innovación tecnológica de pacientes y profesionales", se indica en el informe. Una petición que será difícilmente asumible por las autonomías, que terminaron de recibir las competencias sanitarias en 2001 con José María Aznar (PP) como presidente del Gobierno.

La cámara de comercio americana también lamenta el retraso en el pago de la factura de los medicamentos, "reiteradamente demorado por los gobiernos autonómicos, que debería mantenerse en el límite de los 30 días que marca la ley". Aunque el propio Martí reconoció que este asunto ha mejorado en los últimos años, cuando en plena crisis las autonomías pagaban con casi dos años de retraso.

Martí, quien también es presidente de la patronal biofarmacéutica Asebio, pidió al Gobierno y comunidades autónomas que aprovechen la buena coyuntura económica actual para crear un sistema en el que se dé facilidades a las nuevas terapias. "Es más fácil hacerlo cuando el crecimiento del PIB es del 3%. Tenemos que ser un país que apueste por la innovación", opinó.

Este lobby estadounidense recuerda que en España se han producido demandas en los tribunales por asuntos de propiedad intelectual debido al retraso en la aplicación de las directivas comunitarias.

Las compañías critican por eso en el informe "una laxa custodia" de la patente farmacéutica y de la tecnología sanitaria, que "genera confusión en la industria", reprochan las grandes empresas americanas, "a la vez que provoca una merma competitiva, inseguridad jurídica e indefensión de uno de los sectores que más valor añadido aporta a la economía española". Los representantes de AmChamSpain recordaron que la industria farmacéutica de nuestro país es uno de los grandes exportadores, con un valor del 6,4% del PIB, emplea a 65.000 personas y es la actividad que más aporta en I+D en la Unión Europea. "Generamos muchos empleos y que son de calidad", apuntó Martí.

La cámara americana también entra en el debate sobre la capacidad de decisión de los médicos, en la que cree que existe "una merma", debido a la aplicación de guías y protocolos que limitan que los facultativos elijan los tratamientos. Obviamente estas empresas apuestan por "el respeto a la decisión de los médicos", ya que llevan la presión a los profesionales que recetan frente a las decisiones autonómicas de introducir mecanismos de control de gasto y de prioridad del uso del genérico frente al fármaco de marca.